Los pisos turísticos ilegales en el punto de mira
La cadena Ser se hace eco de una las noticas que más polémica he levantado en los últimos tiempos, los pisos turísticos y, especialmente, los que carecen de licencia.
Los pisos turísticos ilegales se han convertido en un generador de problemas económicos y de convivencia. Barrios de la ciudad de Barcelona, como el Gótico o la Barceloneta, sufren una presión turística insoportable para los vecinos y para la imagen de marca de la propia ciudad.
La oferta de alquileres de pisos turísticos ilegales genera una competencia desleal, tanto para los establecimientos de hostelería tradicional, como para los pisos turísticos con licencias legales. Además de crear un perjuicio económico para los propios ayuntamientos y en general para todos.
Hasta hace poco tiempo, esta situación se focalizaba en la ciudad de Barcelona –puedes ver un artículo sobre la normativa turística en Barcelona aquí- , pero en los últimos tiempos se ha extendido a las poblaciones limítrofes empujada por las restricciones normativas y por la propia dinámica del mercado.
Los pisos ilegales en la periferia de Barcelona
Así, ayuntamientos como el de Sant Adrià de Besos, Hospitalet o Badalona se encuentran con un potencial problema, todavía no tan grave como en la vecina ciudad de Barcelona, e intentan poner los medios necesarios para regular los alquileres turísticos y controlar la proliferación indiscriminada de pisos turísticos ilegales. Evitar problemas de convivencia, el aumento indiscriminado de los precios que imposibilitan el acceso a la vivienda de los vecinos y el fraude, son los objetivos prioritarios de las administraciones.
El objetivo entre estos ayuntamientos es atajar el problema a tiempo, aprovechando la experiencia de lo sucedido en Barcelona y evitar que el conflicto crezca y se enquiste sin solución. Análisis y adecuación de las normativas al nuevo escenario son las herramientas elegidas para combatir el fraude y los pisos turísticos ilegales.
Para las administraciones locales es indispensable una mayor implicación de la Generalitat a la hora de destinar más recursos para luchar con eficacia contra la proliferación de alquileres turísticos ilegales.
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